
Yo soy Uber. Así están todos. Es la bandera que flamea por estos días. Aparecen como callampas nuevas columnas, twits, opiniones y cerradas defensas a la aplicación que llegó para mejorar el transporte público y que hoy se ve amenazada por una tropa de taxistas indignados. ¡Claro! Ellos pagan un permiso especial, fijan sus precios, deben estar inscritos en el registro nacional de servicios de transporte de pasajeros, tienen que contar con un seguro y someter sus vehículos a revisión dos veces al año. Uber, no.
Y yo también soy Uber. Celebro el emprendimiento, la innovación y el aporte de las nuevas tecnologías. Es una idea bien pensada: mejora la movilización, descongestiona la ciudad, genera nuevas fuentes de trabajo y entrega al usuario una solución cómoda, segura y de calidad.
Pero – siempre hay uno – no es legal, según acusa el Ministerio de Transportes. Al menos en Chile no existe una normativa para regular este genial invento. Y por más que la compañía se defienda diciendo que no son un servicio de transporte sino una “solución tecnológica”, basta asomarse a la calle para darse cuenta que es la misma cosa. Algunos acusan competencia desleal y el mismo Gobierno ha enfatizado en la ilegalidad de la actividad.
Pero – aquí lo interesante – no nos importa. Esta vez hacemos vista gorda a la irregularidad. Ahora da igual si andamos por la cornisa de la ley o en el límite de lo permitido.
¿Por qué?
Simplemente porque nos conviene y nos beneficia. La oportunidad está al alcance de la mano. Ahora sí nos tocó. Está frente a nuestras narices y huele bien. No la podemos dejar pasar.
Cuando son políticos, ponemos el grito en el cielo. Los queremos ver caer, arando el piso, desfilando en tribunales, afligidos, sin cordones y tras las rejas. Cuando son empresarios, rasgamos camisas, pantalones, chalecos y todas las vestiduras. Exigimos las penas del infierno. Clamamos justicia. Y con razón.
Pero cuando se trata de nosotros, no. Ahí si que es distinto. Mejor ni mirar, para no enterarnos. Quizás por eso es que utilizamos y defendemos un servicio que, nos están diciendo, es ilegal. Y razones encontraremos montones: que las malas prácticas de los taxistas, que se lo merecen, que más que un ilícito es el aprovechamiento de un vacío legal y que debemos adecuarnos a un nuevo mundo. Tal vez argumentos parecidos que llevaron a nuestra clase política a financiar sus campañas irregularmente, a empresarios a acordar precios o a distintas personas a poner sus platas en los ya famosos paraísos fiscales. Situaciones diferentes pero con denominador común: en beneficio de mis propios intereses, bypass a la ley.
Al final no son solo ellos, somos también nosotros. Si nos medimos con la misma vara nos daremos cuenta que nos transportamos al margen de lo legal, navegamos en softwares piratas y disfrutamos con nuestros hijos de una película descargada sin pagar en una salita acogedora, recién ampliada y sin regularizar. Así no más es. ¿Le suena? Ahí está el poncho.
No hay que sacar a Uber de circulación. Hay que buscar una norma que le permita existir y convivir en buena ley. Esa misma que, cuando nos conviene, dejamos simplemente pasar.
Por Matías Carrasco.








