Sigo con atención la toma de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Hay allí una señal, una clave, para visualizar uno de los grandes desafíos que deberá enfrentar el gobierno del presidente Gabriel Boric.

La ocupación ocurrió la mañana del 8 de julio del 2021, cuando un grupo de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), se apropió del inmueble del INDH, exigiendo, entre otras cosas, el reconocimiento de la violación sistemática de los derechos humanos durante el estallido, la existencia del encarcelamiento político, y la liberación de los denominados presos de la revuelta. Ese mismo día, desde el INDH, plantearon que se contactarían con los dirigentes estudiantiles para “establecer un diálogo fructífero”. De eso han pasado seis meses, y los jóvenes endurecieron su postura al declarar la toma como indefinida, someter al INDH “bajo el control del pueblo”,  y dar un ultimátum para retirar los archivos que se encuentren en el edificio.

El tema es serio. Organismos internacionales de derechos humanos han condenado la toma, por atentar en contra de la autonomía del Instituto. La ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, dijo que “sería de extrema gravedad  que terceros conocieran el contenido de documentos reservados”, y llamó a solucionar pronto esta crisis, para poner los archivos a resguardo. Recién el 4 de enero, después de casi 180 días de toma y de responder al petitorio de los ocupantes, se permitió el rescate de documentación crítica.  

A pesar de todo, el INDH se ha negado a optar por la salida que, a estas alturas, parece la más obvia: solicitar el desalojo. ¿Cómo un organismo de derechos humanos, llamado a proteger la dignidad de todas las personas, puede invocar el uso de la fuerza? ¿no deberían ellos resguardar la integridad de los ciudadanos, en vez de ponerla en riesgo? Por eso, para evitar el bochorno, prefieren darse varias vueltas (aunque sepan que llegaran al mismo lugar), antes de tomar una difícil, pero necesaria determinación.

Y esta es, quizás, la perspectiva más interesante de este asunto: ¿se evita el uso de la fuerza por considerar -honestamente y con evidencia en mano- que no es la mejor solución, o se evita para no manchar la propia reputación, la propia imagen, y huir de la responsabilidad que se tiene como autoridad?

Algo de esto le pasará al gobierno del presidente, Gabriel Boric. Quienes llegarán a La Moneda el próximo 11 de marzo, se perciben a sí mismos como mujeres y hombres buenos, defensores de la dignidad, la justicia y los derechos humanos. Hasta ahora se han ubicado del lado del pueblo, en el rol de quien denuncia y fiscaliza. Y lo han hecho de manera categórica (a veces, exagerada, con tintes morales), marcando una frontera notoria con la administración saliente, sobre todo en materia de orden público. Son otros (no ellos) los que hacen el mal, los que reprimen y los que criminalizan la protesta. Entonces, cuando ejerzan el poder del Estado, cuando se vean expuestos a situaciones límite, cuando se topen con la intransigencia y la violencia, cuando el diálogo no dé para más, ¿qué harán?

En sus intervenciones, Gabriel Boric ha insistido en el diálogo como la principal herramienta en la resolución de los conflictos. Estoy de acuerdo. Pero también pienso que a veces se abusa del diálogo, y de la proclamación de buenas intenciones, para escabullirse de decisiones complejas y jodidas que, querámoslo o no, causarán daño.

Gobernar supone un lado luminoso, que tiene que ver con la oportunidad de  liderar la construcción de un país más justo, igualitario, y mejor para todos. Pero también acarrea una dimensión más sombría, inherente a toda autoridad, que significa adoptar medidas duras (como el uso legítImo de la fuerza, con resguardo de los derechos humanos) en defensa del interés común. Entenderlo no hace a un presidente ni más malo, ni más tirano, ni represor.  Simplemente, lo sitúa a la altura del cargo que se le encomendó. 

Por Matías Carrasco.