Se equivocó Sebastián. Metió las patas el hijo de la Presidenta. Su madre no debe estar contenta. Mientras ella ha enarbolado con convicción y entusiasmo la bandera de la igualdad, su primogénito va y concerta una reunión con el controlador y Vicepresidente de uno de los bancos más importantes de Chile. Tras cartón, la sociedad de su señora recibe un crédito de $6.500 millones a días de que Bachelet se coronará, por segunda vez, flamante mandataria del país.

¿Es delito? No. Hasta el momento nada se le ha comprobado a Sebastián. Pero no es muy bien visto que el hijo de la Presidenta se reúna con el dueño de un banco para gestionar un préstamo para su propio negocio mientras el resto de los chilenos lo debe hacer con su ejecutivo de cuentas, con todo el trámite, papeleo, tiempo, frustración y desgaste que eso significa. Convengamos entonces que no estamos compitiendo en igualdad de condiciones ni en una cancha pareja con Sebastián. De alguna manera su privilegiada reunión con Andrónico lo ubica en el grupo de “los poderosos de siempre”, ese clan tan denostado por la actual administración. ¿Me sigue?

Mientras, en el Chile de la señora Juanita, el ciudadano de a pie y la tan manoseada clase media, ¿qué pensará ese esforzado microempresario que hace meses viene tramitando un crédito para hacer crecer su almacén y aún no tiene respuesta de su banco? ¿Qué cree usted que le han rechazado su crédito hipotecario más de alguna vez por no contar con todos los requisitos que exige su institución bancaria? Seguramente pensará lo mismo que yo. Y es que a Sebastián le prestaron los diez millones de dólares, para una naciente pyme con $6 millones de patrimonio, sólo por ser el hijo de la Presidenta Bachelet. Y eso no es precisamente meritocracia. Y eso no es bueno para Chile. Y eso, paradojalmente, aumenta la sensación de desigualdad.

¿Es ilegal? No, hasta ahora no existe ilegalidad alguna probada en contra de Sebastián. Sin embargo, hace tiempo que en Chile, y en buena hora, se está comenzando a hacer la distinción entre lo lícito y lo ético y moral. Aún cuando no se verifique delito o ilegalidad, lo de Dávalos es, a mi juicio, reprochable. Y lo es porque un personero público –ad honorem o no- debe ser y parecer un servidor probo e intachable. Y ese encuentro con Luksic, y la posterior aprobación del crédito y la compra de las 44 hectáreas en Machalí despiertan, al menos, suspicacias. ¿Tenía Sebastián información privilegiada del proceso del cambio al plan regulador? ¿Es prudente que el hijo de la Presidenta participe de un negocio cuya rentabilidad depende en gran medida de la aprobación de un cambio normativo que el mismo Gobierno de su madre debe, en parte, aprobar o rechazar? Y no son preguntas que me hago sólo yo. Se la están haciendo ahora mismo miles de personas.

Se equivocó Sebastián. Y se equivoca el Gobierno en bajarle el perfil a la situación. Y se equivoca también la derecha al tratar de empatar su propio Pentagate con este caso. Hay millones de chilenos allá afuera que no les interesa si son de derecha, centro o izquierda. Tampoco les importan las rencillas políticas y peleas de poder a las que nos tienen acostumbraros personeros de Gobierno y oposición. Lo único que queremos una buena parte de chilenos y chilenas es política de la buena, verdaderos servidores públicos, menos excusas y explicaciones y autoridades capaces de pedir perdón, reconocer sus errores y rectificar, cueste lo que cueste y venga de donde venga. Todo, por el bien de Chile y la tan anhelada igualdad.

Por Matías Carrasco.